Por Javier Zamora Rojas: Presidente del comité técnico nacional de INTECO CTN 43 seguridad vial y coordinador de la unidad de seguridad vial y transporte del Lanamme UCR
La forma en que nos movilizamos de un sitio a otro habla mucho sobre nosotros, como individuos y como sociedad. Las altas cifras de fallecidos y heridos graves anualmente, así como la alta congestión vehicular que satura nuestras vías, aumenta los gastos por combustibles, agrava el impacto al medioambiente y reduce nuestra salud y calidad de vida, todas ellas son reflejo de nuestra cultura de movilidad y de nuestro modelo de sistema de transporte.
Por décadas le hemos apostado al protagonismo del vehículo automotor, quien sigue gobernando nuestras vías –mejor dicho– nuestro espacio público.
En Costa Rica es urgente un cambio en esta visión de movilidad, tomando las bases de la seguridad vial, enriqueciéndolas y complementándolas con un abordaje integral del espacio público, con enfoque de género, intermodalidad y desarrollo orientado al transporte.
Nuestros centros urbanos deben ser compactos, dinámicos, seguros, sostenibles y accesibles para todas las personas. Por ello, la movilidad también implica gestión del espacio, usos de suelo y planificación urbana.
Por otra parte, los esfuerzos en materia de seguridad vial y movilidad requieren de mucha coordinación, ya que es una responsabilidad compartida, para ello se requiere de herramientas robustas para una adecuada gestión de los proyectos, desde leyes y reglamentos, especificaciones, manuales y normativa técnica.
En medio de estos retos que tenemos, pensar en la conectividad es fundamental, de ahí que la transformación y mejora del sistema de transporte público es una prioridad, unido a una red robusta y continua de infraestructura peatonal y ciclista: aceras, pasos peatonales, islas de refugio, ciclovías, ciclocarriles, carriles compartidos; todo ello en conjunto con el mobiliario urbano, los demás espacios públicos, la arborización y demás elementos paisajísticos.
Estas transformaciones –algunas de ellas ya en proceso– comienzan a moldear una nueva cultura vial de movilidad segura y sostenible en nuestro país, lo cual traerá beneficios significativos en la salud pública, en el ambiente, en la economía y, en general, en la calidad de vida de la ciudadanía costarricense.