Las organizaciones públicas y sin fines de lucro de Costa Rica y Latinoamérica cuentan con una nueva herramienta para garantizar a los ciudadanos y partes interesadas, la continuidad de los servicios que ofrecen, así como su operación gracias a la norma nacional INTE G130:2022 Sistemas de gestión de continuidad de servicios para organizaciones públicas y sin fines de lucro. Requisitos y orientación para su uso, la cual fue lanzada oficialmente este viernes 24 de febrero.
Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de investigación de la Universidad de Costa Rica (UCR), que se denomina: Desarrollo de un modelo para la gestión consistente de la continuidad de los servicios en organizaciones públicas y sin fines de lucro en Costa Rica, el cual se ha trabajado de manera conjunta con la Universidad, por medio del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP), la Escuela de Administración Pública y la Escuela de Ingeniería Industrial; y además la participación de Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO).
“Para INTECO, en nuestra calidad de Ente Nacional de Normalización, es muy satisfactorio trabajar en alianza con la Universidad de Costa Rica y la Comisión Nacional Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para promover este tipo de proyectos que buscan contribuir con las instituciones públicas y no gubernamentales para asegurar la continuidad de los servicios”, comenta Alexandra Rodríguez, directora de normalización en INTECO.
El proyecto inició su desarrollo en el contexto de la pandemia por COVID-19, donde uno de los principales hallazgos, para el caso de Costa Rica, fue que no todas las organizaciones públicas contaban con estrategias para continuar brindando sus servicios o productos. De acuerdo con un estudio realizado por la Contraloría General de la República en el año 2020, solamente un 36,3 % de las instituciones contaban con planes de continuidad (CGR, 2020. párrafo 2).
Para Álvaro Montero, investigador del CICAP y EAP, esta norma llena un vacío importante que se evidenció durante la crisis sanitaria generada por COVID-19, él explica que: “La pandemia llevó a la reflexión, en Costa Rica, acerca de la necesidad de contar con un instrumento que pueda apoyar a las instituciones públicas y sin fines de lucro para para mejorar la eficiencia, eficacia y oportunidad en la prestación de servicios. La ausencia de este instrumento nos llevó a que, en ocasiones, se intentaran adaptar algunas normas de la continuidad del negocio, sin embargo, estas normas no reunían la visión de valor público, por lo tanto, no era suficiente”.
En este sentido, el valor público en la continuidad del servicio está asociada a la imprescindibilidad de los servicios que brindan las instituciones, y las repercusiones sociales de no poder prestarlos de manera total o parcial, como sucedió en pandemia.
“En un contexto tan cambiante, de multiamenaza, hay muchas posibilidades de que se den no solo eventos naturales como huracanes y sismos, sino también eventos disruptivos que tienen que ver con fallos eléctricos, ciberataques, la misma pandemia; incluso desde un punto de vista logístico en los procesos, faltantes de materias primas, todos esos elementos pueden incidir directa o indirectamente en las operaciones de una organización”, complementa Rodolfo Romero, docente e investigador del CICAP, EAP y EII.
Romero, además, señala que el objetivo de esta norma es guiar a las organizaciones para que estén mejor preparadas para afrontar esas situaciones sin comprometer la prestación de los servicios que dan una mejor calidad de vida de la población y los ciudadanos.
Es importante recordar que la Ley General de la Administración Pública, en el artículo 4 establece que: “la actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios”, por lo que esta norma resulta fundamental para el cumplimiento.
Aunado a esto, la necesidad real de que en la función pública se trate el tema de la continuidad en los servicios públicos no solo se basa en el punto de la protección, sino también desde la recuperación de obras, a largo plazo, donde se busca la recuperación económica y social.
“Es un proceso muy importante debido a que es una de las metas que están estipulados en la Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030. Adicionalmente, en el Plan Nacional de Gestión de Riesgo 2021-2025 se establece como uno de los principales retos adoptar políticas de continuidad del servicio para el sector público en conjunto con el sector privado”, puntualiza Catalina Artavia, representante de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias en la investigación.
Los pasos siguientes que busca desarrollar el Sistema Nacional del Gestión de Riesgo es incluir a todas las instituciones que cuentan con infraestructura o servicios públicos críticos para incorporarlas en el proceso de la norma, con el objetivo principal de servir como herramienta para la toma de decisiones en cuanto a la eficiencia en el uso de los recursos y mejora en el servicio.
La norma INTE G130:2022 Sistemas de gestión de continuidad de servicios para organizaciones públicas y sin fines de lucro. Requisitos y orientación para su uso está disponible de manera gratuitamente y puede ser descargada en el siguiente enlace: https://descargas.inteco.org/form/3609f83d-ab2a-4ec3-b808-b291b0d8c084