Por: Alexandra Rodríguez, directora de normalización INTECO.
Desde la mirada internacional, más allá de nuestras fronteras, Costa Rica es reconocido como un país pacífico, con una de las democracias plenas y sólidas de América Latina, según el Índice de Democracia elaborado por el medio especializado The Economist, y con una política ambiental ejemplar caracterizada por el liderazgo y activismo en foros internacionales.
“El país más feliz del mundo”, nuestro slogan; no tener un ejército, nuestro orgullo, ambos complementos a esa carta de presentación que genera que nuestra reputación internacional haya sido tan positiva a lo largo de la historia. Sin embargo, en los últimos años esa imagen se ha visto estremecida por los sonados casos de pagos de sobornos a cambio de obras públicas: la corrupción se convierte en una gran nube negra que cubre nuestra sociedad y ensucia esa Costa Rica virtuosa.
Caer nueve lugares en el ranking del Índice de la Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (IPC) 2022, segunda peor nota de la historia y que representa un retroceso en una década debe ser un llamado de atención a los tomadores de decisiones del país para actuar: ¡no estamos priorizando la lucha contra la corrupción y el mundo lo está viendo! La sociedad lo resiente y reclama, el mundo ya no nos ve igual y esto nos genera muchísimas repercusiones en materia de confianza internacional y desarrollo económico. Sin embargo, esta lucha debe hacerse desde todos los sectores de nuestro país: es responsabilidad no solo de las entidades públicas y Gobierno, sino también de la sociedad al tener un deber de no aceptar ni callar cuando conocen los casos de corrupción por más pequeño que pueda ser, y, por supuesto, de las empresas privadas buscar esas formas para demostrarle a los ciudadanos y al mundo el compromiso real con Costa Rica, y con la sociedad.
Herramientas, ¡claro que hay! Desde el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) - Ente Nacional de Normalización, declarado de utilidad pública por el Estado Costarricense - entendemos la calidad como ese mecanismo fundamental - y pieza clave para la sociedad - que contribuye a asegurar la transparencia, eficiencia y mejorar la competitividad en cualquier proceso. Para esto contamos con normas técnicas que contribuyen a las organizaciones (sin importar si se trata de una institución pública, empresa privada o entidad sin fines de lucro) a encontrar, y subsanar, esos vacíos que puedan abrir un portillo para actividades ilegales y que aportan a la corrupción, como lo es el soborno.
El soborno debilita la buena gobernanza y distorsiona la competencia, además, erosiona la justicia, socava los derechos humanos, deteriora la confianza pública y es un obstáculo para el alivio de la pobreza y el desarrollo de los países. Una herramienta como la norma INTE/ISO 37001 proporciona una guía para implementar un sistema de gestión antisoborno que ayuda a las organizaciones a: prevenir, detectar y enfrentar al soborno; cumplir con las leyes antisoborno y los compromisos voluntarios aplicables a sus actividades; evita el soborno por parte del personal de la organización que actúa en nombre institucional o para su beneficio; genera confianza en partes de interés que les permita forjar sinergias y relaciones más sólidas e incluye medidas y controles que reflejan las buenas prácticas internacionales y puede ser utilizado en todas las jurisdicciones.
Por otra parte, el IPC también mostró que, en defensa ambiental, el país obtuvo su peor calificación histórica, lo que nos envía un fuerte mensaje, claro y directo: ya no basta con discursos, Costa Rica necesita fortalecer, reforzar e incrementar las acciones que unan a las organizaciones públicas con las empresas privadas en este esfuerzo por mantenernos como un país referente a nivel ambiental, así como sensibilizar a las nuevas generaciones para que desde ya se formen con una visión de sostenibilidad.
El cambio climático es una realidad que nos afecta a todas las personas en el mundo, uno de los grandes generadores de gases que contribuyen al impacto del efecto invernadero es la industria y, en general, las actividades productivas de bienes y servicios. En ese sentido las herramientas son muy variadas, por ejemplo:
Las consecuencias del cambio climático, además, obliga a redireccionar la manera en que se construyen los edificios hacia una armonía con el ecosistema, empleando materiales naturales y haciendo un correcto uso de ellos, sin menoscabarlos ni desperdiciarlos. Para esto, la certificación RESET (Requisitos para Edificaciones Sostenibles en el Trópico) establece los requisitos que deben cumplir las edificaciones en el trópico para poder ser designadas como sostenibles, analiza elementos del lugar del proyecto, tales como: información genética, biodiversidad existente y medidas propuestas para su conservación y desarrollo. Abarca: el diseño de las obras, y los procesos de: construcción, operación, mantenimiento y remodelación del proyecto constructivo.
Tenemos mucho por hacer como sociedad, ¡claro que sí!, pero lo más importante es que existen las herramientas voluntarias, para empezar: las normas técnicas, que son desarrolladas a través de consenso de las partes interesadas: grupos de expertos de la industria, consumidores, organizaciones de investigación, gobierno, organizaciones sectoriales, entre otros.
Los sistemas de gestión, que son un conjunto de políticas, procedimientos y buenas prácticas que se utilizan para dirigir y controlar una organización y, finalmente, las certificaciones que son el resultado positivo tras evaluar el grado de cumplimiento de un sistema de gestión, producto, proceso o servicio, con respecto a los requisitos de una norma técnica.
Conociendo este panorama, ¿cuál sería el siguiente paso? La combinación entre la colaboración y las acciones por parte de todos los sectores del país para trabajar en conjunto y recuperar esa Costa Rica que siempre ha sido ejemplar a nivel internacional.